Antecedentes

Durante la Colonia muchos pueblos pudieron conservar algunas propiedades comunales, llamadas de forma genérica «ejidos». La Ley Lerdo de 1856 declaró baldías las propiedades corporativas, particularmente las de la Iglesia y las comunidades indígenas. Entre 1889 y 1890 el gobierno de Díaz dispuso que las tierras comunales se hicieran parcelables. Los nuevos propietarios, no acostumbrados a la propiedad privada, fueron estafados por particulares o funcionarios. Como resultado mucha de la población indígena se vio sin posesión de tierras y tuvo que emplearse en las haciendas cercanas.

Durante el gobierno de Díaz existían numerosos latifundios, y el 80% de la población mexicana dependía del salario rural. Además, las tiendas de raya consistían en una práctica común en estos lugares, en los que se otorgaban los salarios de los trabajadores en mercancía. Mediante este sistema se lograba que los trabajadores alcanzaran tal cantidad de crédito, que quedaban endeudados de por vida. Este sistema, junto con prácticas que eran cotidianas como la contratación por engaño o la adjudicación de una deuda inexistente, es conocido como «enganche», sistema que involucraba elementos coercitivos, extraeconómicos y extralegales. La penosa situación de muchos campesinos y grupos indígenas en vísperas de la revolución fue ampliamente denunciado en el libro México bárbaro de J. K. Turner.